A propósito de la llamada "Libertad de elección"

La reciente manifestación contra la LOE socialista, fue convocada, en mi opinión, bajo consignas más bien confundidoras, mezclando churras, el asunto de la religión, con merinas, la glorificación de la indolencia escolar que esta ley, más bien estúpida, confirma. Es así que en realidad, en España no existe tal derecho de elección por las razones que exponía el pasado año en el artículo que sigue...

"Siete puntos y una recomendación”

“Es preciso que tenga cada uno el arbitrio de buscar los conocimientos en donde, como y con quien le sea más fácil y agradable su adquisición”
(Informe Quintana ,1813)

Resulta casi entrañable contemplar estos días el fenomenal monumento a la candidez que constituyen las numerosísimas reclamaciones presentadas ante las Consejerías de Educación por padres agraviados ante la no admisión de sus retoños en los colegios de su elección para el próximo curso escolar. En general, se protesta porque a su universal entender “se han detectado fraudes” en muchas de estas solicitudes de admisión para las plazas escolares disponibles para el curso 2004-2005. Creo que en realidad ya lo saben, pero para el caso de que no fuera así, alguien, no sé en que instancias, debería tomarse la molestia de explicarles de qué va esto de la libertad de elección de centro educativo, en mi opinión, un episodio más de eso que se ha dado en llamar “lo políticamente correcto” o sea la felonía institucionalizada o la farisaica doble moral llevada a sus más groseros extremos.
Veamos, la teoría de semejante invento procede, según parece, del derecho constitucional a la elección de centro educativo de acuerdo a las preferencias ideológicas de cada quien, que podrá decantarse por lo público o lo privado siguiendo lo dictado por sus propias apetencias y convicciones. Para ello el estado articula un curioso sistema de concierto y subvención que beneficia a la inmensa mayoría de los centros educativos privados que, en contraprestación, deben no ya seleccionar a su gusto el alumnado que accede a sus aulas, sino admitir las nuevas incorporaciones en razón a un baremo que distingue escrupulosamente las puntuaciones de acceso en virtud a una serie de consideraciones objetivas como son: la proximidad domiciliara al centro, la capacidad económica del solicitante, vía presentación de la declaración sobre la renta de los progenitores y la existencia de hermanos previamente matriculados en la escuela demandada, amén de otros aspectos colaterales como la presencia de minusvalías. Una vez baremadas las solicitudes de matrícula, los consejos escolares de cada centro tienen la obligación de asignar las plazas vacantes según la prelación de puntuaciones obtenida por los solicitantes.
Pues bien, como todo el mundo sabe esto, quien más, quien menos, maneja la declaración y el padrón municipal lo conveniente, un pecado ciertamente venial, para obtener al menos los siete puntos de la salvación que permitirán a sus hijos participar en el apretado sorteo de las últimas plazas disponibles en el colegio de sus sueños, casi siempre privado. El berrinche viene luego cuando muchos padres comprueban con desazón como pese a haber tomado tales precauciones, sus hijos se quedan en la puerta, mientras los de otros con iguales o menores méritos son admitidos con todas las bendiciones en virtud a cierto maligno sorteo que siempre parece perjudicar a aquellos que no conocen a quien se debe conocer y no frecuentan a quien se debe frecuentar en estos casos. Es decir, que al final entran los mismos que ya entraban antes pagando religiosamente, nunca mejor dicho. Ya se puede denunciar, impugnar y patalear cuanto se quiera, el resultado será siempre el mismo, las élites, las élites del dinero, claro, no de otra cosa, estudiarán donde siempre han estudiado, los demás deberán buscarse la vida donde queden plazas disponibles, si es que a esas alturas queda alguna en un entorno medianamente razonable.
En esto se resume la libertad de elección, una verdadera chufla que disemina la humillación y el agravio cada fin de curso. Ya en alguna ocasión anterior el que suscribe había realizado una suerte de aviso político al estilo clásico, según el cual un estado verdaderamente liberal debe ser laico, absolutamente laico, lo que significa entre otras consideraciones que quien desee enseñanza privada debería ser capaz de pagársela en su integridad, sin ramonear a papá-estado la suculenta subvención anual destinada a fines ideológicamente comprometidos. De este modo, la enseñanza pública general y gratuita debería presidir los desvelos principales de una administración que se mantiene, esta sí, con el dinero de todos. Algún día llegará, como decía Lamartine, las utopías sólo son verdades prematuras, entretanto, me gustaría ver más hijos de inmigrantes en los colegios concertados, también más alumnos de los llamados “disruptivos” hoy por hoy constantemente expedientados de un centro público a otro como tristes juguetes rotos que nadie desea tener en sus aulas. Tal vez ahí residan algunas de las razones que expliquen ese afán de tantos padres por integrar a sus vástagos bajo el manto supuestamente protector del concierto educativo.
julio de 2004